Es un organismo de Estado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio,que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Está integrado por diez miembros: un académico de reconocida trayectoria, designado por el Presidente de la República, que cumple las funciones de presidente del Consejo; dos profesionales de la educación que ejercen labores docentes en el ámbito municipal y particular, nombrados por el Presidente de la República a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP); cuatro académicos de reconocido prestigio, propuestos por el Presidente de la República a partir de ternas elaboradas por el Consejo de ADP y ratificadas por el Senado; un profesional designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, otro por los rectores de las universidades privadas acreditadas y un tercero designado por los institutos profesionales y los centros de formación técnica acreditados. Todos los miembros duran seis años en sus cargos y se renuevan cada tres, de acuerdo con el mecanismo de alternancia definido por el DFL N°2-2010,del Ministerio de Educación.
Liderada por la Secretaria Ejecutiva, es la entidad responsable de realizar todas aquellas actividades y tareas que el Consejo le encomiende para el cumplimiento de sus funciones. Entre ellas, coordinar las labores de evaluación de pares académico externos y, recolectar y procesar los antecedentes relevantes que permitan posteriormente a los consejeros tomar decisiones de manera informada.
La Secretaría Técnica se organiza en cinco departamentos: Educación Escolar, Educación Superior, Investigación e Información Pública, Jurídico y Gestión y Finanzas.
Orientar a las instituciones y a los responsables de las políticas educacionales de Chile, evaluando y retroalimentando su quehacer o sus propuestas, con el fin de asegurar a todos los estudiantes del país una experiencia educativa de calidad y que promueva el aprendizaje a lo largo de sus vidas.
Contribuir a que los estudiantes del país puedan alcanzar su optimo desarrollo y aprendizaje, influyendo efectivamente en las políticas e instituciones y entregando orientaciones fundadas en el juicio experto, basadas en evidencia, con una mirada sistemática, de largo plazo y fruto de un proceso deliberativo